Sinopsis
Desde mayo pasado, las autoridades nicaragüenses han detenido a diversas personalidades públicas que expresaron su desacuerdo con el gobierno de Daniel Ortega, incluidas figuras que lucharon junto a él en la revolución del país de 1979.
Minutos antes del encuentro de los 27 cancilleres del bloque comunitario, Josep Borrell expresó que Nicaragua vive una situación “muy nefasta” y prometió que la Unión Europea ejercerá presión para que mejore.
La principal alianza opositora, agrupada en Ciudadanos por la Libertad (CXL, derecha), fue inhibida en julio por el Consejo Supremo Electoral, argumentando problemas en la cédula de identidad de su presidenta, Kitty Monterrey, de nacionalidad nicaragüense y estadounidense. Ella huyó del país temiendo represalias.
Poco antes, fueron detenidos siete aspirantes a la Presidencia que buscaban en su mayoría definir una candidatura única con la bandera de Ciudadanos por la Libertad. Entre ellos, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, y favorita en las encuestas para enfrentar a Ortega.
Mientras, organizaciones civiles sostienen que hay al menos 155 presos políticos.
En la actualidad, los opositores políticos presos son considerados “traidores a la patria”, según la Ley 1055, creada a finales del 2020 por el gobierno de Daniel Ortega para perseguir a opositores. La también Ley de Soberanía, inhabilita la candidatura de algún opositor que “aplauda o celebre las sanciones” impuestas en contra de Nicaragua.
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