Tres semanas de continuas manifestaciones y bloqueos de carreteras ya habían empezado a provocar escasez de algunos productos alimenticios, combustible y medicinas.
Habían comenzado los profesores las protestas con una huelga indefinida y se fueron sumando sindicatos, organizaciones sociales, grupos indígenas y otros sectores de la población. Los manifestantes han acusado a la policía de emplear gases y un uso desmedido de la fuerza para disipar las protestas.
"No tengo absolutamente ninguna duda que a través de un diálogo sincero y respetuoso podemos llegar a soluciones viables", señaló el presidente panameño, Laurentino Cortizo, durante la instalación de la mesa de diálogo en Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.
En su intervención, el mandatario expresó el deseo de llegar a "consensos y buenos resultados" y pidió a los manifestantes reabrir todas las vías para permitir la actividad comercial que impulse el crecimiento económico y la generación de empleo. Además, saludó que ya se hayan levantado la mayoría de los cortes.
Uno de los primeros ofrecimientos de Cortizo fue que su gobierno pedirá a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, la derogatoria de leyes que otorgaban millonarios créditos fiscales a proyectos turísticos, cuestionados por los manifestantes, que pedían reorientar esos recursos a salud o educación.
Las organizaciones piden una rebaja y congelamiento de los precios de la canasta básica, combustible, energía, medicamentos, la inversión del 6% del PIB en educación pública y abordar el futuro del sistema de salud estatal.
También exigen tomar medidas contra la corrupción, en medio de fuertes críticas ciudadanas por los sueldos de altos funcionarios y el despilfarro de los recursos públicos.
Gremios empresariales calculan que las pérdidas por los cortes de vías han sido de unos 500 millones de dólares en 10 días.
En el diálogo, con la mediación de la Iglesia católica, participan, además del gobierno, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo), que aglutina a la mayoría de organizaciones convocantes de las protestas, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, de sindicatos de izquierda y representantes de comunidades indígenas.
Pese a su economía dolarizada, altas cifras de crecimiento económico e ingresos por más de 2.000 millones de dólares anuales provenientes del Canal, Panamá tiene uno de los mayores índices de desigualdad del mundo, con deficientes servicios públicos de salud, educación y acceso al agua potable en algunas zonas.
Entrevistado: Jaime Porcell, investigador político en Panamá.
