Sinopsis
Un informe titulado "Podemos detener a quien queramos" elaborado por HRW y la organización de defensa de derechos humanos Cristosal, denuncia, entre varios delitos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos en prisiones de El Salvador.
"Las violaciones de derechos humanos no fueron casos aislados", señaló el informe, el cual indica que en esos casos los responsables son agentes de las fuerzas de seguridad.
"Tanto soldados como policías cometieron abusos similares en forma reiterada en todo el país durante un período de varios meses", señaló un resumen de ese informe.
"En algunos casos, las políticas del gobierno y la retórica de las autoridades gubernamentales de alto nivel, incluido el presidente Bukele, quien está al mando de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, han incentivado los abusos", sostuvo el documento de HRW y Cristosal.
Para su investigación, ambas organizaciones entrevistaron, entre marzo y noviembre, a 1.100 personas en los 14 departamentos de El Salvador.
Tanto soldados como policías cometieron abusos similares en forma reiterada en todo el país durante un período de varios meses.Informe de HRW y la organización de defensa de derechos humanos Cristosal.
Los entrevistados incluyeron a víctimas de abusos, sus familiares, abogados, fiscales, jueces, defensores de derechos humanos y funcionarios estatales.
La guerra contra las pandillas que el gobierno salvadoreño lanzó el 27 de marzo al amparo del estado de excepción, ha llevado a la detención de 59.307 presuntos pandilleros, según el gobierno.
Pero HRW y Cristosal afirman que bajo el estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, "cientos de personas" que no están relacionadas con las pandillas han sido detenidas.
También ambas organizaciones pudieron registrar que unas 90 personas detenidas bajo el régimen de excepción fallecieron en prisión estando en custodia del estado, pero ante la falta de información oficial, no pudieron establecer la causa de muerte.
El régimen de excepción, según el informe, también ha provocado una "soprepoblación" en el sistema carcelario que de tener 39.000 reos antes del inicio del régimen, ahora "tiene un estimado" de 95.000 reos, cuando la capacidad de la veintena de cárceles en el país es para 27.000 detenidos.
Como una "recomendación" tanto al gobierno como al Congreso, HRW y Cristosal pidieron "terminar con el régimen de excepción", al considerar que no hay "evidencias sólidas" que las restricciones que impone sean necesarias.
Ante la recomendación de los dos organismos de terminar con el régimen, el presidente Nayib Bukele respondió muy a su estilo en su cuenta de Twitter, con un simple "no".
