Congreso de El Salvador extiende por tercera vez el estado de excepción para combatir a las pandillas

Maras en El Salvador

Barrio 18 gang members remain together behind a cell at the maximum security prison in Quezaltepeque, El Salvador, 04 September 2020.EPA/Rodrigo Sura Source: EFE

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Mientras tanto, organismos internacionales y defensores de los derechos humanos denuncian abusos de las autoridades. Además, no se ha presentado un reporte oficial de los detenidos que fallecieron en custodia del gobierno salvadoreño. Escucha el informe del corresponsal de SBS Spanish en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca.


Sinopsis:

A petición del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó una tercera prórroga del estado de excepción para continuar el combate a las pandillas, a las que se responsabiliza de la mayoría de los crímenes en el país centroamericano. 

Después de que ocurrieran 62 homicidios el 26 de marzo anterior, el Congreso, dominado por el oficialismo, aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, y a tener la asistencia de un abogado. 

Además, se amplia de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.

Desde que se aprobó el régimen de excepción en El Salvador, las fuerzas de seguridad han informado la captura de 41 mil presuntos pandilleros en un país de solo 6 millones y medio de habitantes. 

Según la información oficial, los jueces han ordenado la detención preventiva de más de 31.000 personas acusadas de delitos como homicidio, extorsión, posesión de armas, agrupación ilícita o colaboración con pandillas.

De acuerdo con la constitución de El Salvador, el plazo de suspensión de las garantías fundamentales no excederá el periodo de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse por igual lapso y mediante nuevo decreto en el caso que continúen las circunstancias que lo motivaron. De lo contrario, se restablecerían por completo las garantías suspendidas. Por eso, el diputado de oposición, René Portillo Cuadra, cuestionó la tercera prórroga y los abusos de las autoridades. 

Mientras organizaciones como Human Rights Watch y ONU Derechos Humanos, denuncian graves abusos en El Salvador, como arrestos de falsos sospechosos de ser pandilleros, detenciones sin cargos ni debido proceso y tratos inhumanos. 

Escucha el informe completo presionando en la imagen principal.

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