Sinopsis
La justicia de Honduras condenó a 22 años de cárcel al exmilitar Roberto David Castillo Mejía, por coautoría demostrada en el asesinato de la activista medioambiental, Berta Cáceres, en marzo de 2016.
Berta Cáceres, también era defensora indígena, de los derechos humanos y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que representa a 300.000 personas de las siete etnias hondureñas.
La líder indígena enfrentó a la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (Desa) por las operaciones del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que afectaban al río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca.
La noche del 2 de marzo de 2016, la líder fue asesinada mientras dormía en su residencia ubicada en un barrio de ciudad La Esperanza, en el departamento de Intibuacá, al oeste de Honduras.
Castillo es ingeniero eléctrico y militar de carrera. Cuando ocurrió el asesinato, era presidente ejecutivo de la empresa DESA, encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, proyecto al cual la ambientalista se opuso.
Fue detenido en 2018 en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula, cuando intentaba abordar un avión con destino a la ciudad estadounidense de Houston.
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