La Policía Federal de Australia (AFP por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación para responder a varios reclamos que alegan que las pruebas rápidas de antígenos se están vendiendo a precios exorbitantes alrededor del país.
La AFP usará todos sus poderes para tomar medidas enérgicas contra el aumento de precios de las pruebas RAT.
El grupo de trabajo especializado de la AFP comenzó las indagaciones después de recibir informes de la policía de Nueva Gales del Sur y Queensland que estuvieron investigando varios reclamos de la Comisión Australiana de la Competencia y del Consumidor (ACCC por sus siglas en inglés), cuyo mandato es proteger los derechos del consumidor y prevenir conductas anticompetitivas ilegales.
Se les ha advertido a varios establecimientos minoristas que si aumentan los precios de las pruebas rápidas de antígenos (RAT tests) podrían enfrentar hasta cinco años de prisión.
El comisionado asistente del comando de crimen de la AFP, Nigel Ryan, dijo que no habrá excepciones para ninguna tienda minorista que viole la orden.
"La AFP usará todos sus poderes para tomar medidas enérgicas contra el aumento de precios de las pruebas RAT", advirtió.
"Aumentar el precio de las pruebas RAT no es solo poco ético, sino que además es ilegal, y la AFP implementará todos sus recursos para proteger a los consumidores de la codicia de dinero de comerciantes que se están aprovechando de la situación ".
La policía federal agregó que formularán acusaciones penales contra empresas e individuos que vendan las pruebas rápidas de antígenos a un precio que esté por encima del 20 por ciento de su precio minorista original.
El nuevo grupo de trabajo de la policía federal podrá confiscar las reservas de pruebas rápidas de los negocios que venden pruebas RAT a precios que exceden el límite legal, para añadirlas a la reserva médica nacional.
Widespread shortages of rapid antigen tests remain due to rising cases of the Omicron variant. Source: Orlando Sentinel
“No arriesgue a terminar en la cárcel”
El comisionado asistente del comando de crimen de la AFP, Nigel Ryan, informó que la Commonwealth y las agencias estatales trabajarían juntas para realizar las investigaciones.
"Las personas que violan la ley enfrentan penas de hasta cinco años de cárcel o una multa de $ 66.000", dijo.
"Mi mensaje es claro: no arriesgue a terminar en la cárcel o a una multa significativa por hacer unos dólares más”.
Las personas que violan la ley enfrentan penas de hasta cinco años de cárcel o una multa de $ 66.000.
Los reclamos de la ACCC revelan que en varias tiendas las pruebas rápidas de antígenos se vendían entre $ 20 y $ 30 cada una, a pesar de que el precio al por mayor no es más de $ 11.95.
En un caso en particular, una prueba se vendió por más de $ 70.
La ACCC recibió más de 1.800 reclamos de personas a lo largo y ancho del país en momentos en que existe una profunda escasez generalizada de pruebas rápidas de antígenos en todo Australia debido al aumento en el número de personas infectadas con la variante ómicron.
Por otro lado, la policía también investiga los reclamos de varias empresas que alegan que el departamento de salud federal requisó pruebas rápidas; afirmaciones que el departamento ha negado categóricamente.
El primer ministro Scott Morrison dijo el jueves que las acusaciones son falsas.
"Si un proveedor le dice que no puede conseguir las pruebas rápidas de antígenos porque el gobierno de la Commonwealth las ha redirigido, no le crea, porque no es cierto", dijo Morrison.
