La enmienda migratoria introduce una lista de ofensas en la Ley de Migración de 1958 detallando las consideraciones para rehusar o cancelar los visados de las personas.
Las ofensas están vinculadas a los delitos punibles de dos años o más, al margen de que hayan cumplido una condena de cárcel por menos tiempo o no hayan sido encarceladas del todo, por acciones en las que se han usado la violencia, asalto sexual, abuso doméstico o la posesión de armas.
“Entrar o permanecer en Australia es un privilegio y se espera que los que no tengan la ciudadanía obedezcan la ley”, dijo Coleman en un comunicado. “Estos crímenes pueden infringir un trauma duradero en las víctimas, así como sus amigos y familiares. La violencia física, el asalto sexual y la violencia contra la mujer son crímenes horrendos y aquellos que no son ciudadanos y los cometen no son bienvenidos en nuestro país”, acotó.
La enmienda complementa las provisiones sobre las pruebas de carácter, que incluyen los poderes que tiene el Ministerio para cancelar los visados de una persona que haya sido sentenciada a doce meses de prisión o más.
El ministro aclaró que las actuales medidas no necesariamente abarcan a las personas que son culpables de delitos serios cometidos en Australia o en el extranjero.
“A diferencia del marco de cancelación obligatoria actual, las nuevas medidas no requieren que la persona sea sentenciada a una pena privativa de la libertad de más de doce meses”, señaló Coleman al agregar que la condena es una base suficiente para considerar la cancelación si la ofensa tiene una pena máxima de dos años o más de prisión.
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